por Luis Adolfo Payares Altamiranda
Lo que hoy ocurre en el softball colombiano no es una simple disputa administrativa: es el reflejo de una crisis institucional que terminó golpeando, como siempre, a los deportistas. La impugnación de la Asamblea que eligió a la Federación —realizada, según sus defensores, bajo fundamentos jurídicos y estatutarios válidos— abrió un limbo que el Ministerio del Deporte no supo o no quiso resolver con la celeridad que el momento exigía. El resultado es una figura insólita: una asamblea acéfala, un deporte sin órgano rector plenamente habilitado y una selección nacional que, en la práctica, no puede ser convocada con legitimidad.
En Colombia, el deporte federado no es un juego de escritorio. La Ley 181 de 1995 y la estructura del Sistema Nacional del Deporte establecen con claridad que las federaciones son las únicas competentes para organizar, reglamentar y convocar selecciones nacionales. Sin Federación reconocida y con un comité “pro” sin facultades estatutarias para conformar representativos oficiales, cualquier intento de vestir de tricolor a un equipo sería, cuando menos, jurídicamente cuestionable. Peor aún: sería una afrenta para los peloteros que han invertido años de sacrificio esperando competir bajo el nombre de Colombia.
Mientras ese vacío institucional persiste, se anuncia con bombos y platillos un Torneo Panamericano avalado por la WBSC y patrocinado por la Alcaldía de Montería. La escena es casi surrealista: un evento internacional sin la garantía de participación oficial de la selección colombiana, en medio de una emergencia humanitaria que golpea al departamento de Córdoba. Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, durante las temporadas invernales recientes en la región Caribe más de 200.000 personas han resultado afectadas por inundaciones, con miles de viviendas dañadas y extensas áreas rurales anegadas. En Córdoba, los desbordamientos del río Sinú y sus afluentes han impactado decenas de corregimientos, afectando vías terciarias, cultivos y sistemas de acueducto rural.
En ese contexto, la pregunta no es si Montería tiene la capacidad logística para organizar un torneo. La pregunta es si es moralmente pertinente hacerlo ahora. El presupuesto de un evento internacional de esta magnitud —entre adecuaciones, logística, transporte, hospedaje y promoción— puede superar fácilmente varios miles de millones de pesos. Recursos que, en medio de una emergencia, podrían fortalecer ayudas humanitarias, rehabilitación de infraestructura básica o apoyo directo a familias damnificadas. La política pública exige priorización, y la priorización implica leer el momento histórico con sensibilidad social.
El deporte es fundamental para el tejido social. Nadie lo discute. El softball, en particular, ha sido semillero de talento en Córdoba y en la región Caribe. Pero el deporte no puede convertirse en una cortina de humo para maquillar crisis institucionales ni en vitrina de protagonismos cuando el país federado está fracturado. Un Panamericano sin Colombia oficialmente representada no es una fiesta; es una paradoja. Es celebrar mientras la casa está desordenada.
La WBSC puede avalar técnicamente un evento, pero la legitimidad nacional no se terceriza. Si eventualmente se inscribiera un equipo denominado “Colombia” sin el respaldo formal de una Federación reconocida, el mensaje sería devastador: que el nombre del país es una ficha intercambiable en medio de disputas burocráticas. Eso no solo erosiona la credibilidad internacional del softball colombiano, sino que envía una señal equivocada a los atletas jóvenes que creen en el mérito, la institucionalidad y el respeto por las normas.
Montería necesita hoy solidaridad, no espectáculo. Necesita que el Estado y sus autoridades concentren esfuerzos en atender a los damnificados, en restablecer servicios, en garantizar seguridad alimentaria y en acompañar a comunidades que lo han perdido casi todo bajo el agua. Y el softball colombiano necesita, antes que torneos, una solución jurídica clara, transparente y definitiva que devuelva la gobernanza a su Federación.
El deporte no puede ser rehén de intereses personalistas ni instrumento de cálculo político. Si de verdad se quiere honrar al softball y a Córdoba, el primer paso no es inaugurar un estadio con delegaciones extranjeras; es reconstruir la institucionalidad y poner a la gente por encima de la foto. Porque en momentos de calamidad, la prioridad no es el aplauso, es la solidaridad.
